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LATIN AMERICA AND CARIBBEAN URGENTLY NEED STRONG, LEGALLY BINDING TREATY ON ENVIRONMENTAL RIGHTS, SAY UN EXPERTS

27 November 2017


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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE NECESITAN URGENTEMENTE UN TRATADO FUERTE, LEGALMENTE VINCULANTE SOBRE LOS DERECHOS AMBIENTALES, DICEN EXPERTOS DE LA ONU


GINEBRA, 27 de noviembre de 2017 (Publicado tal como recibido) - Expertos en derechos humanos de la ONU* urgen a los gobiernos de América Latina y el Caribe a que adopten un acuerdo firme sobre derechos ambientales, incluyendo los derechos a la información, participación y acceso a la justicia.

"Es crucial que los gobiernos de la región actúen en solidaridad y acepten normas jurídicamente vinculantes para proteger los derechos humanos y el medio ambiente", dijeron los expertos.

El llamamiento se produce con ocasión de la reunión de Estados de América Latina y el Caribe en la capital chilena, Santiago, con motivo de su octava ronda de negociaciones para alcanzar acuerdo regional en asuntos ambientales auspiciados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas.

Las negociaciones buscan aplicar el principio 10 de la Declaración de Río de 1992, por el que los Estados de todo el mundo se comprometieron a promover el acceso a la información sobre el medio ambiente, fomentar la participación en los procesos de toma de decisiones que le afectan, y facilitar el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

"Felicito los esfuerzos realizados por los Estados durante los últimos años de negociaciones. Se ha recorrido un largo camino y se ha logrado grandes avances. Pero el tiempo apremia. Los Estados deberían finalizar su labor mediante la adopción de un tratado fuerte, jurídicamente vinculante para la región", subrayó uno de los expertos, el Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente, John Knox.

La mayoría de los Estados de la región ya han firmado una declaración en la que afirmaron su compromiso para lograr un tratado vinculante que promueva la plena aplicación del principio 10.

"La adopción del nuevo tratado ambiental propuesto sería un hito importante para la región. Sería una expresión tangible de la solidaridad y reconocimiento del compromiso de los Estados con respecto a los derechos humanos y a la protección del medio ambiente", dijeron los expertos.

"Acogeríamos con satisfacción que el acuerdo contribuyera a aclarar que los Estados deberían incorporar en las evaluaciones de impacto ambiental no sólo impactos potenciales sobre la salud de las personas, sino también otros impactos sociales, incluyendo impactos sobre los derechos a la alimentación, al trabajo, a la vivienda, al agua potable y al saneamiento", los expertos destacaron.

"Espero que el tratado contribuya a fortalecer el derecho a la información, a la participación y el acceso a la justicia en relación con grandes proyectos energéticos, de infraestructura y de la industria extractiva en la región, financiados por instituciones financieras privadas, bilaterales o multilaterales", añadió Juan Pablo Bohoslavsky, experto independiente sobre la deuda externa y los derechos humanos.

El acuerdo es particularmente importante, observaron los expertos, debido a que esta es una de las regiones más peligrosas del mundo para los defensores de los derechos humanos ambientales. Sólo en 2016, más de 100 defensores ambientales fueron asesinados en la región.
"Para proteger el medio ambiente, debemos proteger los derechos humanos de las personas que trabajan en la defensa del medio ambiente", subrayó Knox. "Este acuerdo sería un salto adelante en ese esfuerzo crucial".

FINAL

*Los expertos de la ONU: Sr. John H. Knox, Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente; Sr. Léo Heller, Relator Especial sobre el Derecho Humano al agua potable y al saneamiento; Sra. Hilal Elver, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación; Sr. Michel Forst, Relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Sra. Annalisa Ciampi, Relatora Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Sr. Saad Alfarargi, Relator Especial sobre El derecho al desarrollo; Sr. Alfred de Zayas, Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Sr. Obiora C. Okafor, Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional; Sr. Juan Pablo Bohoslavsky, Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturale.

Los Relatores Especiales son parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales son el cuerpo más grande de expertos independientes en el Sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos que abordan situaciones específicas de países o temáticas en todas partes del mundo. Los expertos en procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.

Para consultas y solicitudes de prensa, comuníquese con: Soo-Young Hwang (+41 22 917 9267 / shwang@ohchr.org or srenvironment@ohchr.org)

Para consulta de prensa relacionadas con otros expertos independientes de la ONU, comuníquese con: Bryan Wilson – Unidad de medios (+ 41 22 917 9826 / mediaconsultant2@ohchr.org)

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HR/17/386S



GENEVA, 27 November 2017 (Issued as received) – UN rights experts* are urging governments in Latin America and the Caribbean to adopt a strong agreement on environmental rights, including rights to information, participation and access to justice.

“It is now crucial for governments in the region to act in solidarity and to accept legally binding rules to protect both human rights and the environment,” the experts said.

The appeal comes as Latin American and Caribbean states meet in the Chilean capital, Santiago, for their eighth round of negotiations under the auspices of the UN Economic Commission on Latin America and the Caribbean.

The negotiations are seeking to implement Principle 10 of the 1992 Rio Declaration, in which States all around the world committed to promote access to information on the environment, to foster participation in decision-making processes affecting it, and to provide access to justice in environmental matters.

“I commend the efforts by States during the past years of negotiations. They have come a long way and made a lot of progress. But time is pressing. They should finish their work by concluding a strong, legally-binding treaty for the region,” stressed one of the experts, the UN Special Rapporteur on human rights and the environment, John Knox.

A majority of States in the region have already signed a declaration affirming their commitment to achieving a binding law promoting the full application of Principle 10.

“The adoption of the proposed new environmental treaty would be an important milestone for the region. It would be a tangible expression of solidarity and realization of States’ commitment to human rights and to environmental protection,” the experts said.

“We would welcome if the agreement would clarify that States should incorporate in environmental impact assessments not only potential health impacts on people, but as well other social impacts, including impacts on the rights to food, work, housing, safe drinking water and sanitation,” the experts stressed.

“I hope the treaty will strengthen the right to information, participation and access to justice in relation to large energy, infrastructure and extractive industry projects in the region funded by private, bilateral or multilateral financial institutions,” added Juan Pablo Bohoslavsky, Independent Expert on foreign debt and human rights.

The agreement is particularly important, the experts noted, because the region is one of the most dangerous in the world for environmental human rights defenders. In 2016 alone, more than 100 environmental defenders were killed in the region.
“To protect the environment, we must protect the human rights of people who work to defend the environment,” Knox emphasized. “This agreement would be a leap forward in that crucial effort.”

ENDS

*The UN experts: Mr. John H. Knox, Special Rapporteur on human rights obligations related to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment; Mr. Léo Heller, Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation; Ms Hilal Elver, Special Rapporteur on the Right to Food; Mr. Michel Forst, Special Rapporteur on the situation of human rights defenders; Mr. David Kaye, Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression; Ms. Annalisa Ciampi, Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association; Mr. Saad Alfarargi, Special Rapporteur on the Right to Development; Mr. Alfred de Zayas, Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order; Mr. Obiora C. Okafor, the Independent Expert on human rights and international solidarity; Mr. Juan Pablo Bohoslavsky, Independent Expert on the effects of foreign debt and human rights.

The Special Rapporteurs are part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms. Special Procedures mandate-holders are independent human rights experts appointed by the Human Rights Council to address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. They are not UN staff and are independent from any government or organization. They serve in their individual capacity and do not receive a salary for their work.

For inquiries and media requests, please contact: Soo-Young Hwang (+41 22 917 9267 / shwang@ohchr.org or srenvironment@ohchr.org)

For media inquiries related to other UN independent experts please contact:
Bryan Wilson – Media Unit (+ 41 22 917 9826 /
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HR/17/386E


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