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14 December 2017


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México: Proyecto de Ley de Seguridad Interior supone riesgo para los derechos humanos y debe ser rechazado, advierten expertos y expertas de la ONU

GINEBRA (14 de Diciembre de 2017) - Expertos y expertas de la ONU* han llamado al Estado mexicano a rechazar el Proyecto de Ley de Seguridad Interior que se someterá hoy al pleno del Senado, advirtiendo que dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitar la protección de los derechos humanos.

“Nos preocupa que el Proyecto de Ley otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles", señaló el grupo en una declaración conjunta.

“El Proyecto de Ley carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos.”

“No prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y, al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley como de Seguridad Nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público.”

“El creciente papel de las Fuerzas Armadas, en ausencia de mecanismos control y de rendición de cuentas, podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se asignó a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad", señaló el grupo.

El Proyecto de Ley es ambiguo en ciertos puntos y contiene una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta, agregó el grupo.

“Resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales", dijo el grupo, destacando que son conscientes de los enormes desafíos de seguridad que enfrenta el país.

Cualquier nueva ley de seguridad debería hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles, dijo el grupo. Ninguna autoridad civil debería renunciar a esta responsabilidad. También deberían prever la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales y la investigación pronta, independiente e imparcial de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos.

El grupo señaló que los mecanismos de las Naciones Unidas vienen recomendando durante años que se restrinjan las funciones de las Fuerzas Armadas a las propias de su misión, y que se investigue y sancione debidamente a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan cometido violaciones de derechos humanos, incluidos numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, incluyendo la violencia sexual, y otras formas de malos tratos.

En particular, el grupo recordó al Gobierno la recomendación formulada en 2011 por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en la que se solicitó que las Fuerzas Armadas se retiraran de las operaciones de seguridad pública. Remarcaron que esta recomendación se dio teniendo en cuenta la trágica historia en las últimas décadas del continente americano, donde la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad interior ha estado asociada a la práctica sistemática y generalizada de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, la mayoría de las cuales se han mantenido en la impunidad.

Los expertos y expertas han estado en contacto con el Gobierno México en los últimos días sobre el Proyecto de Ley, y agradecen la pronta respuesta recibida a sus preocupaciones.


*Los expertos son: el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Sr. Joe Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad; el Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; la Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Sr. Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición; y el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

Los Grupos de Trabajo y Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

ONU Derechos Humanos, página de país: México

Para más información y solicitudes de prensa, póngase en contacto con:
el Sr. Jon Izagirre García (+41 22 917 9715 / jizagirre@ohchr.org).

Para consultas de prensa sobre otros expertos independientes de la ONU:
Jeremy Laurence – Sección de Medios (+ 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)  

¿Te preocupa el mundo en que vivimos? Entonces DEFIENDE hoy los derechos de los demás. #Standup4humanrights y visita la página web: http://www.standup4humanrights.org/sp/
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GENEVA (Issued as received) - UN experts* have called on Mexico to reject a draft law on internal security that is due to be voted on in the Senate today, warning that giving the armed forces a leading role in security matters could weaken the protection of human rights.

“We are concerned that the bill gives the armed forces a leadership and coordination role in certain circumstances, rather than limiting their role to aiding and assisting civilian authorities,” the experts said in a joint statement.

“The draft law does this in the absence of solid control mechanisms to ensure that operations are carried out with full respect for human rights.

“It does not provide adequate civil and judicial oversight of surveillance, and categorizes all information resulting from the application of the law as a matter of National Security, therefore excluding it from transparency laws and public scrutiny.

“The increased role of the armed forces without proper control systems and accountability may create the conditions for the repetition of human rights violations such as those committed since the armed forces were assigned a leading role in the fight against crime,” the experts said.

The draft law is ambiguous on certain points and contains a lax definition of the situations in which the authorities could use force, even in the context of protests, the group added.

“It is very alarming that such a far-reaching legislative initiative with such a profound potential impact on human rights is being carried out in such a hasty manner and without the proper involvement of victims of human rights violations, civil society organizations, national human rights institutions and international organizations,” the experts said, stressing their awareness of the enormous security challenges facing the country.

Any new security laws should stress the primary role of civilian authorities which have the primary responsibility to protect human rights by ensuring strict operational controls, the experts said. No civilian authority should relinquish this responsibility. Any new legislation should also provide for adequate training and strengthening of police forces, and prompt, independent and impartial investigation of all allegations of human rights violations.

The group of experts noted that United Nations mechanisms had been recommending for years that the armed forces should strictly limit their functions to their mission, and that there should be proper investigation of and punishment for members of the armed forces who had committed human rights violations, including numerous cases of extrajudicial executions, enforced disappearances, torture, including sexual violence and other forms of ill-treatment.

In particular, the experts reminded the Government of a 2011 recommendation from the United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, which called for the armed forces to be withdrawn from public security operations in view of the grave human rights abuses which had occurred elsewhere in Latin America when the armed forces had been involved in internal security, including the widespread and systematic practice of extrajudicial executions, forced disappearances and torture, most of which have gone unpunished.

The experts have been in recent contact with the Government of Mexico regarding the draft law, and appreciate the prompt reply to their concerns.


*The UN experts: the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances; the Working Group on Arbitrary Detention; Mr. Joe Cannataci, Special Rapporteur on the right to privacy; Ms. Agnès Callamard, Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions; Mr. Michel Forst, Special Rapporteur on the situation of human rights defenders; Mr. Pablo de Greiff, Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence; and Mr. David Kaye, Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression.

The Working Groups and Special Rapporteurs are part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms that address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. Special Procedures’ experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not receive a salary for their work. They are independent from any government or organization and serve in their individual capacity.

UN Human Rights country page – Mexico

For more information and media requests please contact:
Mr. Jon Izagirre Garcia (+41 22 917 9715 / jizagirre@ohchr.org).

For media inquiries related to other UN independent experts please contact:
Jeremy Laurence – Media Unit (+ 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

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